La manifestación popular es parte de nuestra democracia y síntoma de la ausencia del cumplimiento de un derecho

El ex comisario Alfredo Fanchiotti, junto con su chofer, el cabo Alejandro Acosta, fueron condenados a prisión perpetua en el año 2006 por encontrarlos culpables como coautores del delito de doble homicidio agravado por alevosía contra los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillan, mas siete tentativas de homicidio.

En el año 2011 la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena, la cual hoy se encuentra apelada ante la Corte Suprema de justicia de la provincia  de Buenos Aires.

Estando en primera instancia alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 25 de Olmos, La Plata, ante denuncias por salidas irregulares, se lo traslada a la Unidad Penitenciaria Nº 45 de Florencio Varela.

Hoy sin sentencia firme y desoyendo el permanente reclamo de justicia y de cárcel común de los compañeros y familiares de Kosteki y Santillan, Organismos de Derechos Humanos y Movimientos Sociales, se lo traslada a la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Baradero, la cual posee un sistema del tipo “abierto” y de reinserción social, que entre otras facultades, permite salidas transitorias, permisos para trabajar, estudiar, etc, necesarios para la reinserción propia de la última etapa de cumplimiento de una condena.

Estos acontecimientos nos hacen recordar que la represión del  26 de junio del año 2002 tomó tal protagonismo que obligó al, por aquel entonces Presidente de la Nación Eduardo Duhalde, a convocar anticipadamente elecciones presidenciales.

La trascendencia histórica de aquel hecho nefasto y antidemocrático “la masacre de Avellaneda”, nos obliga a mantener la memoria latente en reclamo de justicia efectiva y sin privilegios.

El asesinato producido por Fanchiotti, cuando el pueblo se organizaba para enfrentar la crisis que nos dejaba el neoliberalismo de los 90´, responde a métodos utilizados en los momentos mas oscuros de la historia de nuestro país y que creíamos olvidados hasta ese momento.

Desde el Frente Amplio Progresista estamos convencidos que la manifestación popular es parte de nuestra democracia y síntoma de la ausencia del cumplimiento de un derecho.