El decreto firmado por el gobernador Daniel Scioli y todos sus ministros y cuya principal derivación será limitar la designación de personal en el Estado bonaerense, terminó por transformarse en uno de los principales planteos que los gremios que agrupan a empleados estatales llevarán a la paritaria. Concretamente, varios sindicatos ya anunciaron que reclamarán su derogación por considerarlo “un elemento de ajuste”, al tiempo que sostienen que colisiona con varias leyes que regulan el ingreso de personal en la Provincia.

“Este decreto va en contra de los acuerdos paritarios a los que arribamos a fines del año pasado para el pase a planta permanente del personal contratado”, señaló el secretario gremial de Fegeppba, Jorge Baldovino. “Pone en riesgo los compromiso de pase a planta”, dijo por su parte el titular de ATE, Oscar de Isasi.

La reacción sindical, como adelantara este diario, se produjo luego de que se conociera un decreto del Gobernador que limita las designaciones de personal en la Provincia. Con el argumento de dar una “respuesta a los posibles efectos de la crisis financiera internacional”, resolvió que cualquier trámite de incorporación de trabajadores deberá pasar por el filtro de la dirección de Personal y del ministerio de Economía.

ATE informó ayer que envió una nota al mandatario provincial para que derogue el polémico decreto, mientras que desde Fegeppba se indicó que “colisiona con la ley de creación de Arba que establece que su titular puede nombrar personal por resolución y con la ley 10.430 que establece los mecanismos de designación en la administración pública”.

“El decreto afecta los derechos de los trabajadores y debería haberse discutido en paritarias”, indicaron en Fegeppba.

En tanto, desde UPCN dijeron que la decisión oficial “no puede aplicarse de un día para el otro. Si bien no estamos en desacuerdo con el espíritu del decreto, hay que flexibilizarlo, porque hay organismos en los que falta personal como el IOMA, donde se necesitan 400 cargos para las delegaciones”, dijo el secretario gremial Julio Sarragaicochea.

La decisión oficial llega en el marco del achique de gastos que procura la administración de Scioli y las históricas dificultades financieras que afronta la Provincia.

LAS RAZONES

“El contexto de la crisis financiera global hace necesario continuar con la adopción de medidas concretas por parte del Estado tendientes a optimizar la utilización de los recursos destinados al personal que presta servicios en la Administración Pública, cuidando la calidad y productividad del gasto público, y propendiendo al propio tiempo a su reordenamiento”, señala el decreto.

El artículo 1 del decreto establece que para designar personal, modificar su situación de revista o lugar de prestación de servicios, se requerirá la intervención previa de la dirección de Personal de la Provincia y de la dirección de Presupuesto del ministerio de Economía. De esta manera, estos dos organismos tendrán la llave para autorizar o rechazar nombramientos, pases o ascensos.

También se establece que las designaciones sólo tendrán efecto a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que la disponga, es decir, una vez que sea autorizada por los mencionados organismos.

Pero además, para nombrar personal deberán existir vacantes disponibles.

Otro de los aspectos de racionalización del gasto está incluido en el artículo 4º del decreto, donde se establece que los cargos vacantes no utilizados para la designación de personal contratado o temporario o que se produzcan con posterioridad a la vigencia de la nueva normativa, serán absorbidos por el ministerio de Economía, quedando a disposición del Ejecutivo.

EXCEPCIONES

El decreto establece excepciones en el caso de los cargos presupuestados para áreas consideradas clave para la administración. Entre ellas se incluyen a los Consejos Escolares, personal docente y auxiliar de escuelas, Policía, Servicio Penitenciario, personal profesional hospitalario, de enfermería y auxiliares de enfermería y personal de Minoridad.

Por otra parte, se disponen una serie de medidas para acotar los pases en comisión de trabajadores estatales a otras dependencias distintas a las de su origen.