Hace escasas horas que El Diario publicó una nota denunciando la situación a la que estaban sometidos los usuarios de las tarjetas de recarga telefónica que les eran vendidas en algunos sitios, con un cargo adicional de $ 1 sobre el costo oficial.

Como siempre que sucede algo así hubo quienes se sintieron afectados y hasta dolidos. Los vendedores aducen que el margen de utilidad que las empresas de telefonía celular les otorgan es exiguo en grado sumo. Agregan que, a veces, el usuario que compra una tarjeta intenta cargarla y se encuentra con que la empresa no acepta la recarga porque “la numeración corresponde a una tarjeta ya usada” con lo cual, la mayoría de las veces y para evitar situaciones desagradables con los clientes, terminan por cambiarles la tarjeta lo que resulta muy perjudicial para sus intereses comerciales.

En verdad son todas razones atendibles, pero en definitiva el hilo termina cortándose por lo más delgado y los inconvenientes que los expendedores de tarjetas tienen con las empresas proveedoras, terminan siendo descargados sobre el bolsillo de consumidor final que no tiene dónde cobrar el dinero de más que le piden y debe ver menguados a diario sus ingresos por abusos de este tipo.

Seria interesante que los comerciantes afectados se negaran a vender tarjetas en las condiciones que las empresas les fijan y así veríamos los resultados. En cierta ocasión, la empresa Movistar rebajó las comisiones y muchos lugares de venta dejaron de ofrecerlas. Hoy vemos que reaparecieron, pero no sabemos sin el porcentaje de utilidad aumentó o sigue siendo el mismo que se negaran a aceptar en un principio.

Como también nos dijeron que el peso “plus” ya es una costumbre en muchos lugares, nosotros pensamos que es hora de una intervención del Estado para que las empresa de telefonía celular, que en nuestro país ganan lo que en ningún otro, paren de enriquecerse y contemplen, por la fuerza de las leyes ya que no lo hacen de otra manera, que los consumidores tienen derechos que deben ser respetados.

Bueno sería también que algún diputado tomara nota de estas anomalías y elabore algún proyecto de ley  para poner fin a esto que ocurre.