El proyecto de ley de creación del Cuerpo de Investigadores Judiciales (ex Policía judicial) es una de las iniciativas que ha concitado gran interés en los ámbitos legislativo, académico, sindical y jurídico.

También de colegios profesionales y organismos de derechos humanos. Todos, en su conjunto, hicieron aportes, a los que se sumaron colaboraciones colectadas en las ocho secciones electorales. Es que varias reformas practicadas a la Justicia penal intentaron quitar a las fuerzas policiales de la investigación en las causas criminales. El motivo estaba claro. Desde las policías de los ‘70, la “maldita” de los ‘80 y ‘90, y la de los secuestros, golpes bancarios y salideras de los siguientes años -transitando desde los casos Bru, Núñez, Cabezas, Bulacio hasta los más recientes, como Candela y los más ligados a las complicidades del narcotráfico-, se tornaba prioritario un cambio radical en territorio bonaerense.

El mencionado proyecto que apunta a los investigadores judiciales ya cuenta con una reciente media sanción por unanimidad en el Senado bonaerense. Hoy, probablemente, sea tratado sobre tablas y aprobado en Diputados. En las últimas horas, se dio a conocer la adhesión a la iniciativa del espacio Convergencia para la Democratización de la Justicia, al considerar que se está frente a un cambio de paradigma respecto a la investigación criminal. Este colectivo social está integrado en su mayoría por docentes de Derecho de la UNLP y por las nuevas camadas de magistrados y funcionarios judiciales del fuero platense. Con la instalación parcial del sistema acusatorio en la Provincia, en el ‘98, se suponía que debía avanzarse para generar las condiciones del nuevo paradigma. Uno de los puntos clave del proyecto es la creación del órgano de investigación de delitos complejos que promueve la ley de Policía Judicial.

Además, este proyecto, junto con las leyes que establezcan la autonomía de la defensa pública, el mejoramiento del procedimiento de selección de magistrados y funcionarios y la creación del mecanismo provincial de prevención de la tortura constituirá una profunda reforma integral. El escenario suena tan prometedor como desconocido hasta el momento en los poderes Judicial y Legislativo, que por años tuvo que habituarse -por ejemplo- al pendular endurecimiento de penas o, en contrapunto, la flexibilización de las excarcelaciones, según el termómetro social del momento.

Los impulsores de esta normativa auguran que por primera vez se está propiciando una reforma con una base amplia de consultas y consensos, muy lejanas de los tradicionales parches y cambios espasmódicos de las anteriores reformas penales. Es más: en los ámbitos judiciales y políticos anticipan que el espíritu del nuevo marco normativo procura modificar de raíz los males estructurales en materia de seguridad y justicia en la Provincia. Remover a la Policía de seguridad, en lugar de un cuerpo de investigadores especializado y profesional, mejorará la instrucción de las causas y vigorizará la eficiencia de los juzgamientos. Todo un desafío en ciernes.