Los beneficiarios reclaman que la bonificación, adeudada desde 2002, se liquide según los sueldos actuales.

El gobierno de la Provincia formalizó ayer los últimos pasos legales necesarios para pagar el premio jubilatorio “atrasado” que se les abonará a quienes no cobraron ese beneficio entre los años 2002 y 23005. Y convirtió en oficial, también, que la bonificación en cuestión se liquidará mediante un mecanismo de actualización que prevé aplicar a los montos que les hubiera correspondido percibir en su momento la tasa de interés que paga el Banco Provincia.

Como se sabe, ese método de actualización viene siendo duramente cuestionado por entidades sindicales que nuclean a los empleados y jubilados del Estado bonaerense, que reclaman que el beneficio se pague tomando como montos los haberes que actualmente les hubieren correspondido si se jubilaran en estos momentos.

El paso final para el pago del beneficio se dio ayer, con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del decreto 683 firmado por el gobernador Daniel Scioli, por el que se reglamentó la liquidación de esta bonificación ordenada por una ley sancionada por la Legislatura hace unos meses.

Allí se dispuso que el beneficio será abonado a través del Instituto de Previsión Social (IPS) “a petición del interesado, quien deberá acreditar debidamente que se encuentra alcanzado por las pautas de la norma, aportando la documentación que el organismo le requiera a tal fin”.

Y en la parte polémica del decreto, se dispuso que “para la liquidación de la bonificación se tomará el sueldo básico más la antigüedad al momento del cese de actividad, sin ningún tipo de descuento, con más los intereses que paga el Banco Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósitos a 30 días, a contar del cese” laboral.

También se establece que, en caso de fallecimiento del empleado beneficiario, “sus derechohabientes podrán percibir el beneficio”.

Como se viene informando, este “premio jubilatorio atrasado” debe ser abonado por la Provincia a unos 10 mil empleados de la Administración pública bonaerense que se jubilaron entre 2002 y 2005 durante la vigencia de la Ley de Emergencia Económica que suspendió ese beneficio.

La forma de actualización resuelta, en tanto, viene siendo resistida en particular por los gremios docentes, que en las últimas horas protagonizaron protestas públicas y advirtieron sobre la posible realización de medidas de fuerza, para reclamar que el beneficio se pague de acuerdo al sueldo que el beneficiario tendría actualmente si estuviese en actividad. Y es cuestionada también por legisladores que participaron de la sanción de la ley que dispuso el pago, al sostener que el espíritu con que se incluyó la cláusula de actualización fue que se tomaran los haberes actuales.

En tanto, desde el IPS se informó que los beneficiarios deberán presentarse con DNI a los centros que el organismo dispondrá para ese fin, y completar allí un formulario que además estará cargado en la página web. En La Plata, el operativo se realizará en la sede de 46 entre 5 y 6.