El gobierno argentino firmó una carta de intención para avanzar en el ingreso al Visa Waiver Program.

Este lunes, el presidente Javier Milei firmó junto a la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, una carta de intención que marca el inicio del proceso para que los argentinos puedan ingresar al país norteamericano sin necesidad de una visa de turista.

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, destacó: “Lo que hemos iniciado no es un anuncio simbólico, sino un proceso técnico real y exigente”.

También participaron del encuentro en Casa Rosada:

• El canciller Gerardo Werthein.
• La ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
• El jefe de Gabinete de la Secretaría de Seguridad de EE.UU., Corey Lewandowski.
• La encargada de Negocios en Buenos Aires, Heidi Nicole Gómez.
• El asesor Robert Thomas Law.

Oxenford aclaró que aún no se otorgó el beneficio, pero se inició el trabajo conjunto con los equipos técnicos estadounidenses.

Según explicó: “La posibilidad de avanzar hacia la exención de visado es una expresión concreta del excelente vínculo entre el presidente Milei y el presidente Trump”.

Además, remarcó que el programa se viene trabajando desde hace meses con el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de EE.UU.

Desde el lado argentino, se conformó un grupo de trabajo interinstitucional que incluye a:

• Cancillería
• Ministerio de Seguridad
• Vicejefatura del Interior
• Embajada argentina en Washington DC

Kristi Noem expresó que su objetivo es que la Argentina sea incorporada al programa “lo antes posible”, aunque advirtió que difícilmente eso ocurra en menos de un año.

Argentina ya había formado parte del Visa Waiver Program en los años 90, pero luego perdió ese beneficio. Actualmente, los ciudadanos deben realizar trámites largos para obtener la visa B1/B2.

Con este nuevo proceso, si se aprueba, los argentinos podrían ingresar a EE.UU. por turismo o negocios por hasta 90 días sin visa, gestionando una autorización electrónica a través del sistema ESTA.

Desde el Gobierno aseguran que este avance no solo facilitaría los viajes, sino que también mejoraría la reputación internacional del país y reforzaría la atracción de inversiones.

️ Senado: aumento de jubilaciones, moratoria y emergencia en discapacidad

El Senado aprobó por 52 votos a favor y 4 abstenciones, pese al rechazo del Ejecutivo, un paquete que incluye:

• 7,2 % de aumento en jubilaciones
• Un bono complementario
• Una nueva moratoria previsional
• Emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027

La oposición articuló una mayoría entre el kirchnerismo, la UCR y el PRO. El oficialismo no participó y cuestionó la legalidad de la sesión.

Estos proyectos buscan atender sectores vulnerables, con un impacto estimado del 0,6 % del PBI.

⚠️ Milei anunció que vetará las leyes votadas por el Senado

El presidente Javier Milei anticipó que vetará los proyectos aprobados en la sesión. Además, afirmó que, si es necesario, recurrirá a la Justicia.

Dijo: “La casta está desesperada porque sabe que la libertad avanza”.

⚖️ Procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

El juez Sebastián Casanello procesó al expresidente por negociaciones incompatibles con la función pública en el manejo de seguros estatales.

Se investigan comisiones por más de USD 20 millones. También se ordenó un embargo por $14.600 millones.

️ Incendios en el Delta: el humo llegó a Rosario

Al menos tres focos activos en las islas del Delta del Paraná afectan la visibilidad y la calidad del aire en Rosario.

Las autoridades vinculan el origen a quemas intencionales y desplegaron medios aéreos para el control.

Fentanilo contaminado: congelan bienes de 33 imputados

La Justicia ordenó el congelamiento de bienes y cuentas de socios y directivos de laboratorios investigados por distribución de fentanilo adulterado.

La causa investiga la muerte de al menos 53 personas y busca evitar maniobras de ocultamiento de activos.

El Gobierno nacional anunció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas a empresas privadas. También se eliminarán la Agencia Nacional de Seguridad Vial y otros entes vinculados al transporte.

La medida fue presentada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada”. El anuncio se realizó en el marco de la finalización de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases.

Lo que promete el Gobierno

• Ahorro fiscal: Según estimaciones oficiales, el cierre generará un ahorro de USD 100 millones anuales al Estado.
• Reducción burocrática: Se eliminarán más de 5.000 cargos, entre personal central y de distritos viales.
• Mayor participación privada: Se licitarán más de 9.000 km de rutas para mantenimiento y explotación.
• Impacto financiero positivo: Algunas empresas concesionarias registraron subas en sus acciones tras el anuncio.

Lo que puede pasar

• Pérdida de capacidad estatal: El Estado dejará de gestionar directamente el desarrollo vial.
• Suba de peajes y cobertura desigual: Se teme que zonas no rentables queden excluidas del nuevo esquema.
• Despidos masivos: Se anticipan conflictos laborales por la supresión de empleos en Vialidad y Seguridad Vial.
• Problemas operativos: El traspaso de funciones puede generar fallas temporales en mantenimiento y control.
• Reducción de controles viales: La seguridad vial quedará en manos de Gendarmería, con funciones aún no del todo definidas.

Reorganización institucional

Las tareas de planificación y fiscalización pasarán a dos nuevas unidades del Ministerio de Economía y a una nueva Agencia de Control de Concesiones, que reemplazará a la actual CNRT.

La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) también será transformada: se limitará a la aviación civil y dejará de investigar siniestros ferroviarios y automotores.

Una guerra entre China y Taiwán pondría en jaque la economía global

6 de julio de 2025 – Un posible conflicto armado entre China y Taiwán no solo tendría consecuencias militares en Asia, sino que podría generar una crisis económica, tecnológica y geopolítica a escala global. Los efectos alcanzarían rápidamente a América Latina, impactando en los precios, el comercio y la política exterior.

Colapso de la industria tecnológica

Taiwán produce más del 60% de los chips semiconductores del mundo, a través de empresas como TSMC. Estos componentes son esenciales para:

• Teléfonos móviles
• Computadoras y servidores
• Automóviles
• Equipos médicos y satelitales

Una interrupción en esta producción provocaría escasez global de productos tecnológicos y un aumento de precios generalizado.

El comercio marítimo, en riesgo

El 40% del comercio global pasa por el Mar de China Meridional, una zona que sería directamente afectada por el conflicto. Esto podría generar:

• Demoras logísticas
• Incremento en los costos de transporte
• Escasez de productos básicos

Caída de mercados e impacto energético

Ante un escenario de guerra, se espera una caída inmediata en las bolsas internacionales, sumado a:

• Inflación global por desabastecimiento
• Recesión en grandes economías
• Suba de precios del petróleo y el gas

Consecuencias directas en América Latina

Los países latinoamericanos sentirían el impacto a través de:

• Caída de exportaciones hacia China y Estados Unidos
• Aumento de precios en productos electrónicos e insumos industriales
• Presión diplomática para tomar postura ante el conflicto

Un nuevo escenario global

Una guerra entre China y Taiwán podría redibujar las alianzas y el equilibrio económico mundial. Aunque América Latina no participe directamente, sus consecuencias serían inevitables, afectando tanto a gobiernos como a ciudadanos comunes.

Avellaneda, 5 de julio de 2025 – Un grupo de beneficiarios del Plan Procrear de Avellaneda presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Economía Luis Caputo, tras la reasignación de 160 viviendas del complejo Sagol a efectivos de las fuerzas federales.

Los denunciantes aseguran que 136 de las unidades habitacionales fueron adjudicadas en noviembre de 2023 mediante un sorteo público televisado, y que cumplieron con todos los requisitos para acceder a las viviendas. Sin embargo, denuncian que el proceso se interrumpió abruptamente por fallas en las plataformas digitales y la falta de respuesta tanto del Banco Hipotecario como de las autoridades nacionales.

Leonardo Martínez Herrero, representante legal de los beneficiarios, calificó la medida como una “violación directa de derechos adquiridos” y denunció al Gobierno por desbaratamiento de derechos y presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, conforme al artículo 249 del Código Penal.

Por su parte, la ministra Bullrich defendió la decisión, señalando que las viviendas fueron reasignadas a miembros de las fuerzas federales como parte de un plan federal de vivienda destinado a quienes “nos protegen todos los días”. Afirmó que la transferencia fue realizada sin intermediarios ni favoritismos políticos y con el objetivo de mejorar la eficiencia del Estado y reducir gastos.

El Gobierno también citó un informe de la SIGEN que detectó demoras e irregularidades en la gestión del Plan Procrear, lo que motivó la disolución del Fondo que administraba el programa y la redefinición de sus objetivos.

Actualmente, la causa se encuentra en investigación en el Juzgado Criminal y Correccional N°9, a cargo del juez Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Ramiro González. Cinco vecinos planean presentarse como querellantes con documentación que respalda sus reclamos, mientras que continúan las acciones públicas para exigir respuestas oficiales sobre el destino de las viviendas del complejo Sagol.

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