Se aprobó la ley que promueve la accesibilidad de medicinas y vacunas para toda la población y la articulación entre las universidades y los laboratorios públicos. El INTI aportará asesoramiento por su vínculo con una empresa estatal brasilera que ya probó ser exitosa.
Con el decidido interés de ayudar a los que menos tienen, el 29 de junio el Senado de la Nación aprobó por el voto unánime de los 46 integrantes de la Cámara Alta la Ley de Producción Pública de Medicamentos. Esta normativa tiene por objetivo la promoción de la accesibilidad de medicinas, vacunas y productos médicos para toda la población, entendiéndolos como bienes sociales. Al declarar esta producción como “de interés nacional”, se impulsa la articulación de los laboratorios públicos con las universidades y les otorga prioridad en las compras del Estado nacional.
PRIORIDADES. La intención es atender las necesidades en función de los perfiles epidemiológicos del país.
El INTI está involucrado en el asesoramiento a la Red Nacional de Laboratorios Públicos, colaboración que se remonta hasta 2001, año de la fundación de dicha red. El ingeniero Enrique Martínez, presidente del Instituto, siguió de cerca el tratamiento de la normativa. “Esta ley tiene un valor potente: admitir que la necesidad del medicamento está por encima de los criterios de mercado”, aseguró, resaltando también que la intervención del Instituto no va en perjuicio de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), organismo encargado de la regulación, sino que es una labor de asesoría que se complementa. La reglamentación de la ley estará a cargo del Ministerio de Salud.
Los integrantes de la Red esperan que la ley apuntale dos fuertes líneas de desarrollo: la reformulación del Plan Remediar -que provee medicamentos esenciales a todos los centros de atención primaria del país- para que se base en productos de laboratorios públicos; y en igual sentido, que se fomente la investigación en las drogas más novedosas y costosas, estrechando la colaboración con las universidades públicas. Al respecto, Martín Isturiz, coordinador del Grupo de Gestión de Políticas Públicas del Estado en Ciencia y Tecnología, que sostiene esta demanda desde hace años, apuntó: “Prácticamente todo el Plan Remediar puede cubrirse con medicamentos de producción pública”. Este programa provee fármacos a todas las salas de atención primaria del país, y cuenta con ayuda el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para su financiación, estimada en 200 millones de dólares al año.
La ley establece como marco de referencia la propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se definen prioridades para la producción en función de los perfiles epidemiológicos de las regiones del país, promoviendo la provisión de medicamentos, vacunas y productos médicos que se demanden, así como la investigación y desarrollo. Ya hay un caso que demuestra el poder que tiene esta iniciativa: la vacuna para combatir la fiebre hemorrágica argentina, conocida como “mal de los rastrojos”, que es transmitida por ratones en las zonas maiceras. Mientras que ningún laboratorio privado quería fabricarla por la escasa incidencia en lo económico, el Instituto Julio Maiztegui de Pergamino (Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas) se encargó de la producción de este medicamento. Esto habilita la posibilidad de no caer en las manos de los laboratorios privados que no fabrican otros medicamentos claves, como aquellos que sirven para combatir el Mal de Chagas.
En Brasil se pudo
Según explica Martínez, la producción de medicamentos consiste de tres niveles, en orden ascendente según su complejidad: los medicamentos ya probados, la producción de drogas base y el diseño de nuevos productos. “Este nivel, el más elevado, prácticamente no existe en la Argentina, tampoco en las empresas farmacéuticas privadas. En general, en nuestro país los laboratorios privados y públicos se ubican sólo en el primer nivel, que se refiere a medicamentos ya probados”. Así, un ejemplo concreto de los niveles sería el caso de la aspirina, donde en el primero se compra el ácido acetilsalicílico y se lo formula, agregándosele los elementos necesarios para su envasado e ingestión; en un segundo nivel se produciría dicho ácido, por ser la droga base; mientras que en un tercero se desarrollaría un nuevo producto.
Esta perspectiva se ampara en un exitoso caso testigo: la empresa estatal brasilera Farmanguinhos, empresa que formulaba una gran cantidad de medicamentos pese a no hacer fórmulas base. “El Estado brasilero sostuvo que, gracias a la producción pública, los pobres iban a tener acceso a los medicamentos y los laboratorios comerciales no serían afectados”, explicó Martínez.
El Instituto tiene convenios de intercambio con Farmanguinhos, que serán de utilidad en la medida en que esta iniciativa brasilera va en igual sentido que la Argentina. “La diferencia es que, al ser claramente un organismo instalado y sostenido por el gobierno nacional, todas las compras de medicamentos con fines sociales se derivaron a ese laboratorio; y buena parte de esos medicamentos se distribuyen con carácter gratuito o a bajísimo costo”, consideró el titular del INTI.
Esta visión resalta que la relación entre el Estado y la actividad privada no sólo que no se contraponen, sino que hasta pueden ser mutuamente incluyentes. “Esta ley se aprobó sobre la base de que la persona que se enferma tiene derecho a acceder al medicamento. Pero, ¿y si alguien se enferma porque come mal? El derecho a la alimentación, ¿no debería ascender también a la condición de servicio público? La cuestión es cuáles son las necesidades básicas que deben ser jerarquizadas hasta el punto de que deban estar a disposición de la gente aunque no tenga dinero. Esta es la lógica que se pone en juego con la nueva ley”, concluyó Martínez.
