Un plan de obras a corto plazo estará listo en octubre para atender a las poblaciones más vulnerables del país, expuestas a riesgos de inundaciones, desborde de ríos, incendios, sismos, ceniza volcánica, aludes y derrames de productos peligrosos, entre otras amenazas, en el marco de un proyecto nacional.
El plan es parte de un proyecto nacional para los próximos cinco años, con financiamiento del Estado y a través de créditos internacionales.
Nueve mesas de trabajo conformadas por científicos, académicos, funcionarios, organismos internacionales y cámaras empresarias determinarán -con ese objetivo- las áreas más vulnerables de Argentina ante los distintos tipos de amenazas y las acciones a desarrollar bajo un orden de prioridades, que deberá ser aprobado por el Poder Ejecutivo.
El trabajo se enmarca en el Plan Nacional Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres (PNRRD) impulsado por el Ministerio de Seguridad a través del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), a cargo del secretario de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Emilio Renda.
“Es un ordenamiento para que las acciones del gobierno tengan un componente indispensable de reducción de riesgo”, apuntó Renda y graficó: “No se trata de arreglar pueblos o localidades para que recuperen su condición previa (al desastre), sino que estén mejor que antes y que los segmentos más vulnerables de la población resulten fortalecidos” ante la inminencia de nuevas amenazas.
Una de las mesas estará dedicada a las amenazas hidrometeoreológicas entre las que se cuentan tormentas eléctricas o severas con caída de gran cantidad de agua, inundaciones, vientos intensos, tornados, granizo y nieve.
Para esas problemáticas fueron convocados especialistas en recursos hídricos, en represas, comisiones regionales de ríos, el Instituto Nacional del Agua, funcionarios de ministerios, de institutos, de organismos reguladores, del Servicio Meteorológico Nacional, del Conae y de Vialidad Nacional, entre otros organismos.
Con una mirada integral y teniendo en cuenta los intereses de todos los actores, se establecerán prioridades, lugares de acción y obras a realizar.
La misma metodología se aplicará en el resto de las mesas con especialistas convocados para analizar fenómenos volcánicos, terremotos, incendios forestales y riesgos vinculados con la instalación y transporte de materiales peligrosos.
Los trabajos en materia de salud y educación contarán con la participación de representantes de Unicef, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de Unesco, de la Cruz Roja Argentina, del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC), PAMI, Anses y la Organización Panamericana de la Salud.
El noveno grupo de trabajo estará compuesto por técnicos del Banco Mundial, del Fondo financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata, del BID y del Ministerio del Interior y del de Hacienda, entre otros, que buscarán establecer fuentes de financiamiento.
Las inundaciones, que afectan a 11 provincias, tienen un lugar central entre las prioridades y, ante la inminencia de un invierno “cálido y lluvioso”, las primeras acciones estarán dirigidas a proteger los cascos urbanos y las localidades rurales hasta que se pueda avanzar con mayor ritmo en obras integrales.
Sólo en la provincia de Buenos Aires hay 26 municipios bajo emergencia hídrica. El crecimiento de la cuenca del río Salado es constante y afecta a General Villegas, inundado desde hace 16 meses, Pehuajó, Carlos Casares, General Pinto, General Arenales, Trenque Lauquen, 9 de Julio, 25 de Mayo, Bolívar, Rivadavia, Salto, Arrecifes, Rojas y Junín, entre otros.
A esto se suman los 1400 evacuados de Corrientes, donde el agua destruyó parte de la ruta nacional 12, en cercanías de la localidad de Itatí; y en Santa Fe, el rebalse de la laguna La Picasa, que cubrió 18 kilómetros de la ruta nacional 7 y anegó unas 60 mil hectáreas de campos.
