La Cámara de Diputados bonaerense buscará sancionar esta semana el proyecto de reforma tributaria que incluye la actualización de las valuaciones fiscales rurales ubicadas en la provincia de Buenos Aires y una serie de medidas con las que el Poder Ejecutivo estima recaudar unos 2.600 millones de pesos de los cuales casi 1.000 millones serán girados a los municipios.

La iniciativa, elaborada por el Gobierno bonaerense y que fue  aprobada el jueves por el Senado en medio de incidentes que  provocaron ruralistas que se oponen al aumento de las valuaciones  fiscales, será sancionada entre miércoles y jueves en Diputados.

Es que tras los disturbios producidos por los ruralistas, la  oposición evitó sumar sus votos al oficialismo para poder sumar los  dos tercios necesarios para dar el visto bueno final a la  iniciativa de manera directa, sin esperar el plazo de una semana  como terminó ocurriendo.

Con ese trámite parlamentario, el proyecto podrá ser debatido  ahora con mayoría simple, aunque se requerirán de los dos tercios  de los diputados presentes en la sesión para aprobar los artículos  que autorizan al Poder Ejecutivo a contraer un nuevo endeudamiento  por 2400 millones de pesos.

Una fuente legislativa explicó a Télam que una vez que se  concrete el tratamiento del proyecto “la mayoría calificada que se  requiere para el endeudamiento estará asegurada con el voto de   algunas bancadas opositoras” debido a que 400 millones de pesos  serán para financiar a los 135 municipios, algunos de los cuales  son gobernados por esas fuerzas políticas.

Pese a la resistencia de las entidades rurales a que se vote  el proyecto, el gobernador Daniel Scioli ratificó el viernes en Mar  del Plata que “no se va a cambiar ni modificar nada de lo que se  votó”.

Además de la actualización fiscal de los campos, el proyecto  establece aumentos en Ingresos Brutos para algunos rubros y elimina  las exenciones fiscales que gozan las cooperativas además de otros  beneficios que cuentan en la actualidad el servicio de televisión  por cable y la telefonía móvil.

Para la ministra de Economía provincial, Silvina Batakis, la  posición de las entidades rurales a la iniciativa se debe a que el  campo “no quiere blanquear el precio de la tierra”.      “Hace 20 años que la provincia no tiene un revalúo y las  hectáreas tienen un valor del 10 al 25% de su precio real”, señaló.

Precisó que el aumento en el Inmobiliario Rural “rondará  entre el 30 y el 40 por ciento”, aunque aclaró que se verán  afectadas alrededor del 40 por ciento de las partidas.

Para el presidente de la Comisión de Asuntos Agrarios de la  Cámara de Diputados provincial, Mario Caputo, “es necesario que  todos pongamos el hombro para contribuir y sostener a este modelo  económico de crecimiento e inclusión que favoreció desde 2003 a  todos los sectores de la sociedad argentina”.

“Para que la carga tributaria sea justa, equitativa y  progresiva entre todos los habitantes de la provincia de Buenos  Aires es imprescindible sincerar los valores de los inmuebles,  fundamentalmente de las tierras que en algunos casos tienen valores  fiscales irrisorios en relación con los de mercado”, dijo Caputo.

Para el legislador, “hay que tener coherencia entre lo que se  reclama y la responsabilidad que tiene cada uno como ciudadano,  porque no se puede pretender que el Estado atienda la salud, la  educación, la justicia o realice obras de infraestructura para los  sectores productivos y éstos no quieran pagar los impuestos que les  corresponden”.

En vista de la definición que recibirá esta semana el  proyecto, las entidades CARBAP y Sociedad Rural Argentina  anunciaron hoy una convocatoria a paro y movilización para el  miércoles próximo.

En un comunicado, detallaron que la medida incluirá cese de  comercialización de granos y hacienda desde la 0 hora del   miércoles 16 hasta las 24 hs del domingo 20 de mayo y a una  movilización el 16 de mayo a las 10.30 a la plaza San Martín de La  Plata (calle 53 y avenida 7).

El proyecto establece una actualización en las valuaciones  fiscales rurales ya que, según estimaciones realizadas por los  equipos técnicos de ARBA, “la valuación fiscal promedio de una  hectárea de campo representa sólo el 10% del valor de mercado”.

“Los cambios también apuntan a fortalecer la inversión en el  campo, por eso la carga tributaria se concentra sobre la tierra y  su aspecto rentista”, aseguró una fuente de ese organismo.

Al mismo tiempo, se desgravan las mejoras productivas como  silos, alambrados y tanques, y las edificaciones destinadas a la  actividad agropecuaria como tambos o galpones avícolas, y  manufacturera como fábricas de queso o lácteas ubicadas en zonas  rurales.