“Para todos los males, hay dos remedios: el tiempo y el silencio”. La frase pertenece al escritor francés Alejandro Dumas, autor de novelas históricas como Los tres mosqueteros y El Conde de Montecristo. Pero bien podría aplicarse a la actitud que tiene el Gobierno en momentos que le son inesperadamente adversos.

Los tiempos y los silencios son elementos determinantes para la actividad política. Pueden convertirse en armas poderosas, pero siempre tienen doble filo: así, lo que en algún caso puede ser interpretado positivamente por la sociedad, que suele valorar la prudencia, en otro momento podría ser tachado de insensible.

En esta segunda instancia se encuentra la presidenta Cristina Kirchner luego de la tragedia ferroviaria que le costó la vida a 51 personas en la estación de Once. Su silencio afirma a los opositores en la creencia de que el Gobierno se encuentra a la defensiva. Pero también preocupa a los propios oficialistas.

Seguramente la mandataria expresará sus condolencias este lunes desde el Monumento a la Bandera en Rosario, aunque para muchos su apartamiento la mostró desconectada de los problemas de los argentinos de carne y hueso, como los que cotidianamente tienen que abordar un tren deficitario para llegar a sus trabajos.

“¿A Cristina le pasa algo?”, preguntó desconcertado un dirigente kirchnerista ante la ausencia de la Presidenta frente a la conmoción social que provocó el siniestro, reforzado con la aparición, dos días después del choque, del cuerpo de un joven de 20 años atrapado entre los hierros retorcidos del tren.

Del otro lado del teléfono no supieron qué contestarle, pero le admitieron que el Gobierno había quedado mal parado con la intervención del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, cuya exposición ante la prensa se asemejó más a la de un fiscal que investiga una causa, que a la de un funcionario que debe hacerse cargo de los problemas de su área de gestión.

CRISIS DE CONFIANZA

“Julio ya no le cree mucho”. La frase, lapidaria, fue deslizada por un estrecho colaborador del ministro De Vido en referencia a la delicada situación política que atraviesa Schiavi. El semblante del titular de Planificación no fue el mejor cuando, esta semana, debió acompañar al secretario de Transporte en una segunda presentación ante la prensa.

De Vido trabaja en una serie de opciones que este fin de semana tenía previsto enviar a la Presidenta para que tome una decisión respecto del futuro de TBA, la empresa concesionaria de la línea Sarmiento que controla el Grupo Cirigliano. “Parece que esta vez les toca perder”, vaticinó una fuente gubernamental.

El hecho de que el juez Claudio Bonadío haya confiado -en primera instancia- en la palabra del maquinista del tren, quien declaró que no funcionaron los frenos, podría acelerar los tiempos del Gobierno, que este mismo martes estaría en condiciones de anunciar, al menos, la intervención de la empresa TBA.

Pero esa medida no alcanzaría para disipar el resquemor que provocó la tragedia hasta en la propia dirigencia oficialista, a juzgar por las durísimas críticas que hizo Hebe de Bonafini al secretario de Transporte desde la Plaza de Mayo. O de los pedidos respetuosos a la Presidenta para que saliera a darles el consuelo necesario a los argentinos.

La continuidad de Schiavi, puesta en duda en los últimos días, dependerá de la Presidenta. Hasta el momento, la mandataria evitó siempre los relevos en momentos de crisis. Pero tiene en su haber antecedentes como la creación del ministerio de Seguridad, tras el desborde en el Parque Indoamericano y los cuestionamientos a la conducción de Aníbal Fernández sobre la Policía Federal.

Ahora mismo la responsable política del área, la ministra Nilda Garré, afronta duras críticas por el denominado Proyecto X, que se puso en marcha en la Gendarmería durante la gestión de Fernández. La funcionaria negó que el programa se utilizara para espiar protestas sociales, pero la oposición sigue teniendo dudas.

EL CASO BOUDOU

El mal trance que pasa el Gobierno también se debe a la persistencia de las denuncias contra el vicepresidente Amado Boudou, al punto que llevaron a Cristina a pedirle que no viajara a una reunión de parlamentarios del G20 que este fin de semana se lleva a cabo en Arabia Saudita. En su reemplazo debió asistir Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados.

Puertas adentro del Gobierno hubo distintas interpretaciones sobre la orden presidencial: algunos dicen que lo hizo para proteger a Boudou y otros, maliciosos, aseguran que en realidad fue para castigarlo. Como sea, Cristina demostró que sigue atentamente la evolución de las denuncias contra su vice.

Boudou comenzó a ser investigado por la Justicia a raíz de su presunta vinculación a una imprenta que realiza trabajos para el Estado. Aunque se lo minimice, por este caso acaba de renunciar en el Banco Central un funcionario ligado al Vicepresidente. Por eso algunos consideran extraño el repentino interés del juez Norberto Oyarbide para tomar las riendas de la causa.

Sin embargo, el Vicepresidente tiene una razón adicional para preocuparse: se sabe que algún dato que lo expuso en el llamado Affaire Ciccone fue filtrado desde el interior del Gobierno. Y se comenta que están circulando contratos que la imprenta habría firmado con diversos organismos en condiciones poco transparentes.

Como hizo Cristina tras el accidente de Once, Boudou se ampara en el silencio para restarles entidad a las denuncias. Pero el Vicepresidente debería asegurarse de que su actitud no se termine asimilando a una concesión política frente a la reiteración de las acusaciones.

Por MARIANO SPEZZAPRIA.