Los empleados judiciales anunciaron que volverán a parar el próximo lunes, en el marco de un conflicto que desde hace más de un mes incluye dos o tres jornadas de huelga por semana y que se agudizó en los últimos días: esta semana ya hubo paros el lunes, el miércoles y ayer, mientras que el martes se realizaron asambleas en los lugares de trabajo y cortes de calles y rutas.

La extensión del conflicto se produce en momentos en que está cortado el diálogo entre el gremio y el Ejecutivo y tampoco se registran avances en relación a una posible intervención de la Suprema Corte en busca de una solución a la paralización que vienen sufriendo los tribunales.

El reproche tiene que ver con que el gremio le envió una carta a la Corte para solicitarle una suerte de mediación -como la que se produjo el año pasado-, en busca de encontrar un camino de solución al extenso conflicto.

“Al nuevo presidente del máximo tribunal de la Provincia que hoy inició su gestión por el término de un año, Eduardo De Lázzari, se le presentan dos escenarios: asumir como cabeza visible del Poder Judicial y defender a sus trabajadores, o hacerlo en medio de un conflicto en el que le va a ser difícil mantenerse en ese lugar”, agregó Blasco.

La Asociación Judicial Bonaerense profundizó sus reclamos luego de que el Ejecutivo, a raíz del estancamiento en las negociaciones, dictara un decreto para pagar el aumento salarial que era rechazado por el sindicato.

Esa mejora es escalonada y contempla un incremento del 21% para los jueces y va del 24 al 26% para los empleados, pero los judiciales rechazaron la mejora por considerar que no se enmarca en la recuperación de la porcentualidad salarial, que engancha los sueldos de los empleados con los ingresos de los ministros de la Suprema Corte.

La Provincia rechazó la firma de un acuerdo para ir restituyendo en forma paulatina la porcentual, por considerar que no está en condiciones de erogar cerca de 2.500 millones de pesos para atender esa demanda.