Denuncian deficiencias en la aplicación de programas y políticas públicas orientadas a combatir el flagelo.

Si hay algo de positivo en torno a la problemática de la violencia de género en los últimos años es que el tema se hizo mucho más visible: se instaló como materia de debate en la sociedad y se crearon distintos organismos en la órbita pública para dar respuesta. Con todo, las políticas orientadas a este tema en la Provincia adolescen de varias fallas: se concentran en la recepción de denuncias y descuidan la atención y acompañamiento de las víctimas, fallan en la prevención, hay deficiencias en el registro de casos y mala articulación entre organismos que trabajan en la misma área.

Estas son algunas de las principales conclusiones que surgen de un trabajo elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, que recomienda, entre otras medidas, capacitar a los agentes que trabajan en la materia y crear protocolos unificados de respuesta.

“Se atiende a la violencia de género cuando se conoce el hecho, peor no existe un adecuado trabajo de prevención, de alerta temprana ni de seguimiento de los casos. Son significativas, además, las falencias en el dictado de medidas preventivas por parte de los operadores judiciales y funcionarios públicos”, indicó el Defensor del Pueblo bonaerense Carlos Bonicatto.

EL INFORME

El trabajo se concentra en las respuestas ofrecidas por el poder Ejecutivo y el poder Judicial a las víctimas de violencia en territorio bonaerense. Su primera conclusión es que el diseño e implementación de las políticas públicas provinciales se concentra prioritariamente en distintos mecanismos orientados a la recepción de denuncias y que frente a las situaciones de emergencia, la forma prevaleciente es la atención telefónica y la derivación. Paralelamente, el trabajo considera insuficientes las acciones dirigidas a la promoción, sensibilización, asistencia y acompañamiento de las víctimas, especialmente en los casos que no se consideran urgencias.

También destaca la inexistencia de sistemas de alerta temprana para detectar situaciones de violencia, ya que la mecánica existente se basa en la denuncia o consulta por parte de la víctima o de terceros como presupuesto de la intervención del estado.

Las deficiencias se extienden, siempre según el trabajo, a los métodos de registro de los casos, que a su vez condiciona el diagnóstico de situación y el diseño posterior de políticas públicas.

Así, se detectaron subregistro y falta de intercambio de datos entre distintas dependencias que trabajan en el tema, al tiempo que la información producida no aparece desagregada por sexo, edad, nivel educativo y otras variantes relevantes. El trabajo ofrece como ejemplo el caso del Poder Judicial, cuyas estadísticas de homicidios, violaciones y lesiones no es diferenciado por sexo, con lo cual no se puede saber cuántas víctimas de estos delitos son mujeres, algo que contradice a las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia.

Otro de los factores subrayados en el trabajo como una deficiencia seria es la “inadecuada articulación” entre los actores estatales que tienen a su cargo el abordaje del problema, la cual “se traduce en una superposición de competencias sobre zonas comunes a la vez que existen vacíos en los que ningún agente estatal actúa. Por otro lado, somete a la víctima a un maltrato institucional que la obliga a deambular por distintas dependencias para obtener medidas de protección o acceso a derechos”.

En cuanto al acceso a la justicia “se advierten”, dice el trabajo, “patrones de intervención críticos”: “los centros de recepción de denuncias especializados no fueron creados, se observa la inexistencia de estrategias de intervención para casos de violencia que tengan en cuenta la especificidad en la recopilación y valoración de la prueba, no existen criterios comunes entre los fiscales respecto del modo de instruir causas; se detectaron falencias en el modo en que se tramitan las denuncias, se observa gran cantidad de causas archivadas y fallas en el dictado de medidas preventivas.

Por último, entre las deficiencias detectadas, el trabajo habla de capacitaciones deficientes de los funcionarios y empleados púbicos en torno a la problemática.