Detrás de la reflotada idea de dividir la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense para darle autonomía al cuerpo de defensores oficiales -un proyecto que estaría evaluando el Poder Ejecutivo provincial-, subyace un interesante e histórico tironeo que es un secreto a voces en el mundillo judicial.

Hablamos de las diferencias siempre presentes entre la titular del organismo que agrupa a los fiscales y defensores, María del Carmen Falbo, y el jefe de la Defensoría ante el Tribunal de Casación, Mario Coriolano, que depende de ella. Cerca de la Procuradora, de hecho, sospechan que uno de los fogoneros de la movida -que está siendo elaborada en el ministerio de Justicia de la Provincia- es justamente Coriolano. Aunque no sea tan así, demás está decir que en la oficina del Defensor aplaudirían la medida ya que jerarquizaría esa dependencia.

EL CONTEXTO

No es un dato menor que la idea de escindir la Defensoría Oficial de la órbita de Falbo se reflote justo cuando todo parece indicar que se creará la Policía Judicial y que, justamente, dependerá de la Procuradora. Suena, en principio, a mecanismo de compensación. El proyecto no es nuevo puesto que viene sonando como algo posible, en fuentes de los poderes Judicial y Legislativo, al menos desde la época de Felipe Solá.

El dato novedoso, si se quiere, es que ahora parecería contar con el respaldo decisivo del vicegobernador Gabriel Mariotto. Lo que es igual a decir que tiene el visto bueno de la Casa Rosada. Se entiende: a nivel nacional, los fiscales y los defensores oficiales funcionan divididos, tal como se pretendería hacer ahora en la Provincia.

Actualmente, el Ministerio Público agrupa a fiscales y defensores oficiales, todos bajo el paraguas de la oficina que encabeza Falbo. Para los impulsores de la idea de la división, el escenario actual es contradictorio, puesto que choca con la necesaria separación que debe existir en todo proceso legal: los que acusan por un lado y los que defienden por otro, ya que -obviamente- responden a intereses antagónicos.

Mariotto tiene llegada directa al influyente Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y ha conseguido que la Comisión Provincial por la Memoria se le reporte. Se trata de dos organismos -el segundo de ellos, estatal- de reconocida militancia a favor de la vigencia de los derechos humanos, hipercríticos de la política penitenciaria y de seguridad de la gestión de Daniel Scioli y que respaldan la filosofía del combate contra el delito que se pregona desde el Gobierno nacional, con Nilda Garré a la cabeza.

Es inevitable, por lo tanto, que la idea de dividir la Procuración sea vista como un proyecto que agrada al hiperkirchnerismo, cada vez más convencido de avanzar sobre posiciones de poder dentro del esquema institucional bonaerense. Lo que incluye escalar lugares dentro del Poder Judicial.

CONDIMENTOS POLÍTICOS

En cierta forma, y aunque nadie lo diga en voz alta, también parece inevitable interpretar la movida con un objetivo más político de esmerilamiento a Falbo, a quien algunos sectores del oficialismo insisten en relacionar con Eduardo Duhalde. La Procuradora fue, en efecto, funcionaria y dirigente del duhaldismo, en un tiempo pasado que ya parece lejano. Esta lectura no benigna para Falbo ha hecho correr los rumores respecto a que Coriolano es una suerte de lobbista de la idea de la división.

Coriolano siempre ha sido bien visto por los organismos de derechos humanos entre otros motivos porque fue el primero en crear, hace ya varios años, un banco de datos sobre casos de torturas aplicadas por funcionarios policiales y penitenciarios en democracia. Algunas fuentes aseguran que en los últimos tiempos se ha distanciado del esquema de DD.HH más cercano al Gobierno por diferencias que habría tenido con Hugo Cañon, ex Fiscal bahiense, de mucha prédica tanto en el CELS como en la Comisión por la Memoria. Son las mismas fuentes que aseguran que fogoneando esta idea, el Defensor Oficial estaría buscando recuperar la afinidad perdida.

Como sea, lo que nadie parece decir es que no queda claro si reformar la Procuración es algo que pueda hacerse sólo aprobando una ley.

Es que la conformación y funciones del organismo que conduce Falbo están regidas, en principio, por la letra de la Constitución provincial, en su artículo 189º. También es verdad que dicho artículo no menciona ni al Fiscal ni al Defensor de Casación, que aparecieron recién cuando se hizo la reforma penal y se sancionó la Ley 12.061 de organización del Ministerio Público.

Por MARIANO PÉREZ DE EULATE