Esos días de Semana Santa, hace justamente 30 años,  quedaron fijados en el recuerdo por un episodio histórico que rompió la tranquilidad, reflexión y descanso a los que invitan estas fechas. Se trata de aquellos días de abril de 1987 en los que se produjo el primer levantamiento militar “carapintada” contra el gobierno de Raúl Alfonsín  y vale la pena  recordar lo sucedido, la responsabilidad y valentía cívica de los distintos sectores políticos y sociales, y valorar la actuación del entonces presidente en esa crisis, un verdadero estadista que todos deberíamos valorar.

El gobierno presidido por Alfonsín estaba recorriendo la experiencia inédita de juzgar a los ex jefes militares y a los jefes de los movimientos guerrilleros que habían conducido las acciones armadas en la Argentina de la década del 70. La Justicia, en un fallo sin precedentes, había juzgado y condenado a los ex comandantes de las Juntas militares responsables del terrorismo de Estado en la última dictadura, y el gobierno tropezaba con dificultades para llevar a la práctica lo que Alfonsín había prometido durante la campaña electoral. El Presidente ya había anunciado la decisión de implementar una ley que luego se concretaría en lo que se denominó la Ley “de Obediencia Debida”, exculpando a quienes habían actuado durante la represión cumpliendo órdenes superiores.

Pero antes de que ese proyecto de ley fuese enviado al Parlamento, un grupo de oficiales encabezados por el entonces teniente coronel Aldo Rico, se amotinaron y refugiaron en la Escuela de Infantería en Campo de Mayo. Si bien los amotinados proclamaban que no intentaba derrocar al gobierno, era evidente que pretendían torcer o sustituir la voluntad presidencial para imponer sus exigencias. Alfonsín y sus más cercanos colaboradores entendían que si se torcía la voluntad del gobierno por parte de un grupo armado, se caía en el principio del fin de la democracia lograda tres años antes.

En esa Semana Santa del 87 la población se volcó decididamente a las calles en defensa de su derecho de decidir acerca de quienes habrían de regir y de decidir acerca de su propio destino. La oposición acompañó solidariamente la actitud del Gobierno. El Presidente convocó desde el Congreso a movilizarse en defensa del estado de Derecho y ordenó a los jefes del Ejército sofocar el levantamiento, cosa que no ocurriría. Pero ni los sublevados deponían su actitud ni las fuerzas que debían actuar en su represión llegaban. Fueron dos jornadas de febriles tratativas entre la Casa de Gobierno y Campo de Mayo en las que se tejieron toda clase de versiones e intrigas. Alfonsín habló ante una multitud que llenó la Plaza de Mayo el domingo 19 por la tarde y anunció que se trasladaría personalmente a Campo de Mayo para lograr la entrega inmediata de los rebeldes. Volvió a Plaza de Mayo y pronunció la famosa frase “Felices Pascuas, la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina!”. No la hubo.

El camino recorrido desde entonces estuvo signado por avances y retrocesos, éxitos y fracasos, crisis económicas y sociales, recuperaciones y frustraciones. Pero ya no está el fantasma de las intervenciones militares como amenaza para imponer condiciones al poder civil.

Si bien hoy la Casa de los argentinos no está en orden, existe una decisión clara de preservar la democracia como espacio de convivencia que nos contiene a todos, frente a quienes pretenden avasallarlo, hay un sentido de la cooperación y compromiso que termina prevaleciendo sobre las tensiones y conflictos que nos ocupan a diario.