El Gobierno nacional anunció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas a empresas privadas. También se eliminarán la Agencia Nacional de Seguridad Vial y otros entes vinculados al transporte.

La medida fue presentada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada”. El anuncio se realizó en el marco de la finalización de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases.

Lo que promete el Gobierno

• Ahorro fiscal: Según estimaciones oficiales, el cierre generará un ahorro de USD 100 millones anuales al Estado.
• Reducción burocrática: Se eliminarán más de 5.000 cargos, entre personal central y de distritos viales.
• Mayor participación privada: Se licitarán más de 9.000 km de rutas para mantenimiento y explotación.
• Impacto financiero positivo: Algunas empresas concesionarias registraron subas en sus acciones tras el anuncio.

Lo que puede pasar

• Pérdida de capacidad estatal: El Estado dejará de gestionar directamente el desarrollo vial.
• Suba de peajes y cobertura desigual: Se teme que zonas no rentables queden excluidas del nuevo esquema.
• Despidos masivos: Se anticipan conflictos laborales por la supresión de empleos en Vialidad y Seguridad Vial.
• Problemas operativos: El traspaso de funciones puede generar fallas temporales en mantenimiento y control.
• Reducción de controles viales: La seguridad vial quedará en manos de Gendarmería, con funciones aún no del todo definidas.

Reorganización institucional

Las tareas de planificación y fiscalización pasarán a dos nuevas unidades del Ministerio de Economía y a una nueva Agencia de Control de Concesiones, que reemplazará a la actual CNRT.

La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) también será transformada: se limitará a la aviación civil y dejará de investigar siniestros ferroviarios y automotores.