El gobierno de España anunció una de las medidas más duras hasta ahora para proteger a niños y adolescentes en internet: los menores de 16 años no podrán acceder a redes sociales. El anuncio lo hizo el presidente Pedro Sánchez durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái y forma parte de un paquete de cinco medidas de protección digital.

La decisión apunta a reducir riesgos como el acoso, la violencia, la exposición a pornografía, la manipulación de contenidos, las adicciones digitales y la desinformación. Para Sánchez, dejar la protección en manos de las propias empresas tecnológicas es insuficiente.

¿Qué establece la nueva normativa española?

La iniciativa incluye cambios profundos en el funcionamiento de las plataformas digitales:

• Prohibición total del acceso a redes sociales para menores de 16 años.

• Verificación obligatoria de edad, con sistemas efectivos que eviten engaños.

• Responsabilidad penal para los ejecutivos de las empresas si no eliminan contenidos ilegales o de odio.

• Control de algoritmos, para impedir que se burle la prohibición.

• Sistemas de rastreo de discursos de odio y polarización.

Según el presidente español, el objetivo es claro: que la seguridad de los menores no dependa de la buena voluntad de las empresas tecnológicas.

Un debate abierto: protección vs. censura

Uno de los puntos más polémicos del anuncio fue cuando Sánchez equiparó la desinformación con el abuso y el acoso en redes. La falta de una definición clara sobre qué se considera desinformación generó críticas, ya que podría abrir la puerta a sanciones sobre contenidos ambiguos y a posibles tensiones con la libertad de expresión.

¿España es un caso aislado?

No. La medida se inscribe en una tendencia internacional:

• Australia ya implementó restricciones similares para menores.

• Francia y el Reino Unido evalúan endurecer sus regulaciones.

• España y Francia impulsan una legislación común en la Unión Europea para unificar criterios de protección infantil en el entorno digital.

¿Qué pasa en Argentina y América Latina?

En Argentina, el enfoque es mucho más flexible. No existe una prohibición de acceso por edad a las redes sociales. La regulación se apoya principalmente en:

• leyes de protección de datos personales,

• programas de educación digital,

• y la responsabilidad de las familias y las escuelas.

Otros países de América Latina, como Brasil, Chile o México, siguen una línea similar: promueven la alfabetización digital y la prevención del ciberacoso, pero no imponen vetos directos ni sanciones penales a las plataformas por el uso de menores.

Un cambio de paradigma

La decisión de España marca un giro fuerte: pasar de la autorregulación de las empresas tecnológicas a un control estatal directo, con consecuencias legales. Mientras Europa avanza hacia normas más estrictas, América Latina todavía debate cómo equilibrar protección, educación y libertad en el mundo digital.

El debate recién empieza, pero la pregunta ya está planteada: ¿regular más o educar mejor?