La diputada radical María Luisa Storani y la asesora general tutelar porteña, Laura Musa, presentaron en la cámara de Diputados un proyecto de ley de adopción basado en el resguardo de los derechos del niño y en el respeto por el derecho a la identidad, se informó ayer.
En tanto se espera que el Poder Ejecutivo Nacional envíe su propio proyecto para modificar la ley de adopción vigente, la iniciativa impulsada por Storani y Musa apunta a ajustar la ley 26.061 de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes.
Entre los planteos más importantes de la propuesta, que para su elaboración contó con el asesoramiento técnico de la Fundación Sur Argentina, se elimina el supuesto de “abandono moral y material” del niño y exige que se reemplace por el principio de consentimiento informado.
Esto significa que tanto los progenitores como el niño, niña o adolescente, a través del abogado que los represente en el caso de los menores, pueden participar debidamente del proceso que los involucra.
Respecto de la adopción plena, que es la que extingue el vínculo con la familia de origen, Storani indicó que debería limitarse a los supuestos de niños con filiación desconocida y Musa señaló que “la regla de este proyecto es la adopción simple”.
Musa señaló que en la actualidad la mayoría de las adopciones suprime cualquier vínculo que lo pueda relacionar al niño con su familia de origen pero consideró que “no hay que dividir sino sumar familias”.
El texto propuesto por Storani y la funcionaria porteña, además, promueve que en los casos de estar dado el estado de adoptabilidad los procedimientos “sean ágiles, transparentes, no arbitrarios y confiables para toda la sociedad” y que a su vez se permita al niño la posibilidad de revincularse con su familia biológica si así lo desea.
Ambas consideraron que se trata de un proyecto de ley “que le otorgaría transparencia a la situación de hoy en la que se da un doble estándar: las personas que adoptan a través de la vía legal y las que no”. Musa precisó, por último, que “la adopción no debe ser pensada como una política social, si no como un recurso de última ratio del Estado en los casos en que no haya una familia”.