BENEFICIARIOS DEL PROCREAR DENUNCIAN PENALMENTE AL GOBIERNO POR REASIGNACIÓN DE VIVIENDAS A FUERZAS FEDERALES
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Avellaneda, 5 de julio de 2025 – Un grupo de beneficiarios del Plan Procrear de Avellaneda presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Economía Luis Caputo, tras la reasignación de 160 viviendas del complejo Sagol a efectivos de las fuerzas federales.
Los denunciantes aseguran que 136 de las unidades habitacionales fueron adjudicadas en noviembre de 2023 mediante un sorteo público televisado, y que cumplieron con todos los requisitos para acceder a las viviendas. Sin embargo, denuncian que el proceso se interrumpió abruptamente por fallas en las plataformas digitales y la falta de respuesta tanto del Banco Hipotecario como de las autoridades nacionales.
Leonardo Martínez Herrero, representante legal de los beneficiarios, calificó la medida como una “violación directa de derechos adquiridos” y denunció al Gobierno por desbaratamiento de derechos y presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, conforme al artículo 249 del Código Penal.
Por su parte, la ministra Bullrich defendió la decisión, señalando que las viviendas fueron reasignadas a miembros de las fuerzas federales como parte de un plan federal de vivienda destinado a quienes “nos protegen todos los días”. Afirmó que la transferencia fue realizada sin intermediarios ni favoritismos políticos y con el objetivo de mejorar la eficiencia del Estado y reducir gastos.
El Gobierno también citó un informe de la SIGEN que detectó demoras e irregularidades en la gestión del Plan Procrear, lo que motivó la disolución del Fondo que administraba el programa y la redefinición de sus objetivos.
Actualmente, la causa se encuentra en investigación en el Juzgado Criminal y Correccional N°9, a cargo del juez Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Ramiro González. Cinco vecinos planean presentarse como querellantes con documentación que respalda sus reclamos, mientras que continúan las acciones públicas para exigir respuestas oficiales sobre el destino de las viviendas del complejo Sagol.
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