Las designaciones de personal deberán ser autorizadas por el ministerio de Economía y los gremios hablan de “medida de ajuste”.

El gobierno bonaerense dispuso una serie de medidas tendientes a restringir la designación de personal en las dependencias del Estado. A través de un decreto y con el argumento de dar una “respuesta a los posibles efectos de la crisis financiera internacional”, resolvió que cualquier trámite de incorporación de trabajadores deberá pasar por el filtro de la dirección de Personal y del ministerio de Economía.

La decisión oficial conocida ayer, está plasmada en un decreto que el gobernador Daniel Scioli y todos sus ministros firmaron en los primeros días de enero y ya levantó polvareda. Gremios que agrupan a trabajadores estatales calificaron la medida como “un instrumento de ajuste” y señalaron que derivará en un virtual “congelamiento de vacantes”.

FUNDAMENTOS

El decreto llega en el marco del achique de gastos que procura la administración de Scioli y las históricas dificultades financieras que afronta la Provincia.

“El contexto de la crisis financiera global hace necesario continuar con la adopción de medidas concretas por parte del Estado tendientes a optimizar la utilización de los recursos destinados al personal que presta servicios en la Administración Pública, cuidando la calidad y productividad del gasto público, y propendiendo al propio tiempo a su reordenamiento”, señala el decreto.

LOS ALCANCES

El artículo 1 del decreto establece que para designar personal, modificar su situación de revista o lugar de prestación de servicios, se requerirá la intervención previa de la dirección de Personal de la Provincia y de la dirección de Presupuesto del ministerio de Economía. De esta manera, estos dos organismos tendrán la llave para autorizar o rechazar nombramientos, pases o ascensos.

También se establece que las designaciones sólo tendrán efecto a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que la disponga, es decir, una vez que sea autorizada por los mencionados organismos.

Pero además, para nombrar personal deberán existir vacantes disponibles.

Otro de los aspectos de racionalización del gasto está incluido en el artículo 4º del decreto, donde se establece que los cargos vacantes no utilizados para la designación de personal contratado o temporario o que se produzcan con posterioridad a la vigencia de la nueva normativa, serán absorbidos por el ministerio de Economía, quedando a disposición del Ejecutivo.

Por otra parte, cada organismo deberá informar a Economía las vacantes con las que cuenta y, en forma mensual, las que se vayan produciendo.

EXCEPCIONES

El decreto establece excepciones en el caso de los cargos presupuestados para áreas consideradas clave para la administración. Entre ellas se incluyen a los Consejos Escolares, personal docente y auxiliar de escuelas, Policía, Servicio Penitenciario, personal profesional hospitalario, de enfermería y auxiliares de enfermería y personal de Minoridad.

Por otra parte, se disponen una serie de medidas para acotar los pases en comisión de trabajadores estatales a otras dependencias distintas a las de su origen.

RECHAZO SINDICAL

“El decreto paraliza la designación de nuevo personal”, sostuvo el dirigente del Sindicato de Salud, Miguel Zubieta. “Esta medida restringe el ingreso de personal por al menos 3 o 4 meses, ya que esos son los tiempos burocráticos mínimos para la notificación oficial de cada acto administrativo”, acotó.

“Es un congelamiento de vacantes encubierto y un flagrante achicamiento presupuestario”, dijo el dirigente, quien acotó que “ni siquiera en 2000 y 2001, cuando el presupuesto apretaba de verdad y nos encontrábamos en una situación caótica, se tomó la decisión de posponer en el tiempo designaciones de personal para áreas sensibles de la salud”.

En tanto, el secretario general de ATE Oscar de Isasi, aseguró que la medida es “un instrumento de ajuste, que concuerda con las advertencias que nos hizo la ministra de Economía para evitar dar los aumentos pedidos, y con la reducción de partidas presupuestarias y la reducción de políticas sociales”.