Entre los intendentes hay incertidumbre por el envío de fondos desde la Provincia y por el traspaso de responsabilidades. Algunos ya lo rechazan abiertamente.

Fueron, en un principio, los que motorizaron el planteo para poder contar en sus distritos con una fuerza de seguridad y tener control logístico sobre la lucha contra el delito. Pero ahora, entre los intendentes de la Provincia el proyecto de ley impulsado por el gobierno bonaerense que propone crear cuerpos de Policías Municipales divide opiniones y dispara una larga serie de interrogantes que los jefes comunales comenzaron a plantear en voz alta en los últimos días.

La incertidumbre está centrada básicamente en cómo se acompañará desde la Provincia esa transferencia de la gestión policial. ¿Cuántos efectivos se destinarán a cada distrito que adhiera a la nueva fuerza? ¿Con qué recursos contarán para disponer de móviles, combustible y equipamiento? ¿Qué grado de autoridad tendrán para controlar esos cuerpos? ¿Hasta qué punto podrán dirigir el funcionamiento real de esa policía?

En torno a esos interrogantes comenzaron a surgir las primeras posturas críticas hacia el proyecto por parte de intendentes que advierten que hasta no contar con información clara y precisa no tomarán postura con respecto al proyecto. En última instancia, son ellos los que deben decidir si adhieren o no a la iniciativa, es decir, si aceptan que la nueva fuerza opere en sus distritos.

La adhesión voluntaria de los intendentes es uno de los aspectos centrales del proyecto de Policías de Prevención Municipal impulsado por la administración de Daniel Scioli para que los distritos de más de 70 mil habitantes puedan contar con una fuerza propia cuyo mando logístico estará en manos de los jefes comunales.

La puesta en marcha de esta fuerza fue reclamada originalmente por un grupo de intendentes del Conurbano, con Sergio Massa de Tigre como principal referente, que pedían tener control en el diseño de las políticas de seguridad y voz de mando sobre la Policía que cumplía tareas en sus distritos. La experiencia más cercana fue la creación de las Policías Comunales, que funcionan en distritos de menos de 60 mil habitantes, integrada por efectivos nacidos y criados en esas ciudades.

En medio de esos planteos, el gobierno bonaerense decidió avanzar con el proyecto, que prevé que cada municipio que adhiera a la nueva fuerza contará con un cuerpo financiado por el gobierno bonaerense. La cantidad de efectivos que se destinará a cada distrito será decidida por el ministerio de Seguridad en base a un índice que contemplará la extensión territorial y la población junto con indicadores delictivos y sociales. Pero cada intendente podrá, luego, sumar más agentes, aunque tendrá que hacerse cargo de pagar los sueldos.

Ese es, justamente, uno de los aspectos centrales de los interrogantes que se extienden entre los intendentes.

“Este proyecto lo que hace es transferirnos la responsabilidad sobre los problemas de seguridad. Pero por el momento lo que vemos es que no está resuelta correctamente. Hay muchas dudas, por ejemplo, sobre la cantidad de efectivos que nos destinarán si decidimos adherir”, dice el intendente de Junín, el radical Mario Meoni, una de las voces críticas, quien sin embargo apunta que “filosóficamente, nos parece bien todo lo que tenga que ver con la descentralización”.

El acompañamiento financiero es otro de los puntos cuestionados. El intendente platense Pablo Bruera dice estar “en principio de acuerdo con la propuesta” aunque reconoce que “hay cuestiones que preocupan”, como el tema del financiamiento. “Creemos que si la Provincia aporta solo los sueldos del personal policial no va a ser suficiente, porque los salarios son apenas el 30 por ciento del gasto general de una fuerza”.

Otro de los que salieron a presentar objeciones de este tipo es Juan Mussi, de Berazategui. “Si viene acompañada de recursos, creemos que la propuesta es viable”.

“No es una buena idea, todos estos programas generan gastos y acá no bajan plata constante”, disparó, días atrás, Hugo Curto, de Tres de Febrero.

Pero dentro del universo de intendentes, hay algunos que ya salieron a manifestar un claro rechazo, como el jefe comunal de San Vicente, Daniel Di Sabatino, quien dijo que “la administración de la seguridad debe ser responsabilidad de otras áreas de gobierno superiores”. “La creación de esta policía implica sacarse una soga de encima y trasladarnos una responsabilidad que no deberíamos asumir los municipios”, disparó Di Sabatino.

Desde Ensenada, el intendente Mario Secco reclama que los municipios sean escuchados en este debate. “No conocemos el proyecto y nos preocupa. No sería bueno que se apruebe sin que se nos consulte”, dice. Y reconoce también dudas con respecto al acompañamiento de fondos. “En Ensenada pagamos el combustible y las cubiertas de los patrulleros. En cualquier momento vamos a tener que pagar las balas”, ironiza.

En sentido contrario, el intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray no parece tener dudas sobre la adhesión de su comuna. “La creación de la policía de prevención traerá muchos beneficios y es importante por la proximidad, por el mayor contacto que tendrán los efectivos con los vecinos. Nos van a dar más recursos y presencia en el territorio”, afirmó.

También el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, destacó la necesidad de contar con un cuerpo de esa naturaleza. “Hay que tener policías locales con proximidad a los vecinos. Necesitamos ganar en confianza y en la creación de una relación mucho más cercana”, afirmó.