La protesta de Prefectura y Gendarmería ha instalado, súbitamente, un nuevo escenario de conflicto que sorprende al Gobierno. Es una rebelión que no figuraba en los cálculos de nadie y que ha alcanzado una masividad y una contundencia que no registra antecedentes.

Se trata de un conflicto por salarios y condiciones de trabajo. Pero tiene, inevitablemente, otros condimentos. Porque lo protagonizan dos fuerzas de seguridad, armadas y uniformadas, y por eso se define como un virtual autoacuartelamiento y no como un paro sectorial. Nada indica, sin embargo, que el conflicto tenga otras intenciones o motivaciones que las que han sido expuestas. Lideradas por oficiales y suboficiales muy jóvenes, es evidente que los efectivos no han asumido un desafío político sino un reclamo -a través de formas discutibles- por un salario que, objetivamente, sufrió un drástico recorte cuando ya estaba en niveles bajos.

La propia Presidenta, al hablar hace unos meses sobre los riesgos que corren los gendarmes, dijo que muchas veces ponen en juego sus vidas por sueldos que no llegan a los 3 mil pesos.

La protesta “estalla” además por una situación salarial que es más compleja de lo que se observa a simple vista y que podría considerarse estructural. Más allá de la “errónea” liquidación que les podó los salarios de un plumazo, prefectos y gendarmes cobran sueldos conformados por sumas en blanco y sumas en negro, “no remunerativas ni bonificables”. Son los adicionales los que les “engordan” un poco el ingreso de bolsillo. Pero no son sumas que se tengan en cuenta para el pago de aportes y por eso se produce una disminución muy drástica al momento del retiro. Tampoco se las computa cuando se otorgan aumentos porcentuales, que sólo inciden sobre el básico.

Hay varios adicionales de este tipo en las fuerzas de seguridad. En Gendarmería, por ejemplo, les pagan un plus por “misiones extraordinarias” , “mayores exigencias de vestuario” o “compensación por vivienda”, entre otros. Son sumas que llegan a multiplicar el básico por tres o cuatro. Varios de estos adicionales son los que eliminaron los polémicos decretos de “blanqueo salarial” que, en la práctica, han representado una drástica disminución de los ingresos de bolsillo.

La protesta, entonces, ha venido a poner en crisis un sistema estructural de remuneraciones en el Estado, que tiene una especial significación en las fuerzas de seguridad pero que también se aplica en otros sectores y jurisdicciones.