La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -a través de la Red Federal de Sitios de Memoria que coordina el Archivo Nacional de la Memoria- señalizará mañana martes 19 de noviembre, a las 17.30 hs, la Unidad Penal 3 (UP3) de San Nicolás –ubicada en Av. Gral. Savio 1072, de ese partido bonaerense– por su funcionamiento como centro de detención ilegal durante la última dictadura cívico-militar.
El acto, organizado por esta Secretaría de Derechos Humanos junto con su par de la provincia de Buenos Aires y la Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás, se realiza en el marco de las celebraciones por los 30 años de la recuperación de la democracia, del Día de la Memoria para los Nicoleños y del inicio del segundo juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa ciudad, y contará con la presencia de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, sobrevivientes, familiares de detenidos-desaparecidos, ex presos políticos, organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas y sociales, entre otros.
El “Día de la Memoria” local alude a los hechos conocidos como la “Masacre de la calle J. B. Justo”, cuyos responsables –los ex militares Manuel Saint Amant y Antonio Bossie, y el ex policía federal Jorge Muñoz– fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común en 2012. El 19 de noviembre de 1976 fuerzas conjuntas del Ejército y la policía acribillaron la vivienda de Juan B. Justo 676, y asesinaron a Omar Amestoy, a su esposa María del Carmen Fettolini, y a sus hijos Fernando y María Eugenia, de 3 y 5 años. También a Ana del Carmen Granada, que escondió a su bebé de 5 meses y único sobreviviente. Manuel Gonçalves Granada recuperó su identidad a los 19 años.
La UP3
Esta unidad dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense fue utilizada para la detención de hombres y mujeres perseguidos por razones políticas, antes y durante la dictadura cívico-militar. Tras el golpe del 24 de marzo de 1976 las detenciones se incrementaron notablemente mientras que en una vivienda para el personal jerárquico contigua a la cárcel fue utilizada como centro clandestino de detención y torturas.
Por los pabellones de presos políticos pasaron intendentes, concejales y legisladores locales, militantes sindicales y estudiantiles y un alto porcentaje de mujeres. La mayoría eran oriundos de San Nicolás, Ramallo, Pergamino, Baradero y San Pedro, que estaban bajo la órbita del Área militar 132 .Otros de Junín, Chacabuco, y Rojas, al mando del Área 131. Ambas integraban la Subzona 13, con asiento en Junín, y dependían del Primer Cuerpo de Ejército. El procesamiento y las penas aplicadas ilegalmente a estos militantes populares evidencian la complicidad de la Justicia Federal con la dictadura.
En San Nicolás, la detención de siete sacerdotes agudizó el enfrentamiento entre el obispo diocesano Carlos Ponce de León y el jefe del Área 132, el teniente coronel Saint Amant. Ponce de León, que fue consuelo de los familiares de perseguidos políticos y que asumió todos sus reclamos, falleció tras un choque en la ruta 9 en 1977 y hoy la justicia investiga si se trató de un atentado.
La política nacional de señalizaciones
La señalización de los sitios de memoria (ley nacional N° 26.691) hace visible la función que cumplieron durante el terrorismo estatal, y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos crímenes, impulsar el juzgamiento de sus responsables y hacer efectivo el reconocimiento a las víctimas y sus familiares.
Con esta marcación, serán 70 las instaladas en todo el país por el Estado Nacional. Próximamente, se señalizarán el Batallón de Ingenieros de Construcciones 181, donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita” de Neuquén, el ex Arsenal de Artillería de Marina de Zárate, y el cuartel de Bomberos de Mar del Plata, entre otros lugares utilizados para la represión ilegal.

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