Se trata de una empresa de call centers con sede en Nueva York que contaría con una sucursal en la Argentina. La jueza Servini de Cubría recibirá hoy un informe elaborado por los abogados del candidato del Frente para la Victoria.
La encuesta telefónica que integró una campaña sucia contra el candidato a jefe de gobierno, Daniel Filmus, fue contratada en los Estados Unidos a una empresa internacional de call centers con sede en Nueva York que, entre otros atributos, contaría con una sucursal en la República Argentina, ubicada en el partido bonaerense de Martínez. El dato fue confiado por una fuente judicial a Tiempo Argentino y desde hoy será una pieza clave en la investigación que lleva adelante la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, que instruye una pesquisa sobre una presunta ofensiva publicitaria “sucia” contra el principal candidato del kirchnerismo en la Capital. La evolución del expediente es, por ahora, un enigma, gracias al secreto de sumario que impuso la magistrada sobre el expediente. Hasta el momento se sabe que ayer hizo lugar a las medidas que pidió el fiscal federal Jorge Di Lello para establecer quién promovió una estrategia que viola el Código Electoral y que se articuló con carteles callejeros, una página web y decenas de miles de llamados telefónicos que provinieron de un call center que utilizó una encuesta inductiva donde se aportan datos falsos sobre la vida de Salomón Filmus, el padre del candidato a alcalde porteño. La denuncia fue radicada hace dos días en la justicia electoral por el ex legislador porteño Juan Manuel Olmos, que se presentó ante los estrados judiciales en su calidad de apoderado de la Alianza Frente para la Victoria. En la denuncia, que fue anticipada por este diario en su edición de ayer, la falsa encuesta aparenta ser una consulta electoral que preguntó a miles de votantes de la Ciudad: “¿Cree usted que el caso Schoklender perjudica a Daniel Filmus?” Si el receptor del llamado respondía afirmativamente, el siguiente capítulo del cuestionario disparaba: “¿Sabe usted que el padre de Daniel Filmus es arquitecto y uno de los principales contratistas de Sergio Schoklender?” Pero el cierre del cuestionario aportó el disparador definitivo para que el caso llegara a la Justicia Electoral. “Ahora que usted sabe que el padre de Filmus está involucrado con Schoklender, ¿igual lo votaría?”
La denuncia fue presentada como una violación al Código Electoral, pero Di Lello sostuvo que, en primer lugar, la denuncia no era de competencia de la Justicia Electoral. No obstante, como el delito está vinculado con los comicios del próximo domingo, no se trata de un “delito electoral” propiamente dicho. En el razonamiento del fiscal, el delito en cuestión podría ser el de “injurias”. Pese al problema de competencia, el caso por ahora deberá seguir en manos de Servini de Cubría, que durante estos días tendrá la misión de hacer “cesar el delito” hasta que se resuelva la cuestión de competencia. Durante ese lapso, la jueza entenderá en el caso y, por esa razón, su despacho de Comodoro Py recibirá hoy un informe realizado por los querellantes para demostrar la vinculación de la campaña de encuestas apócrifas con la contratación de una empresa estadounidense. Como en todas las pesquisas, la clave será la ruta del dinero, es decir, descubrir quién y cómo pagó miles de llamados de un call center extranjero para que una multitud de votantes recibiera información falsa a pocos días de la primera vuelta porteña.
En diálogo con este diario, Olmos mantuvo su silencio para no violar el secreto de sumario, pero explicó que sigue el caso “atentamente” y que espera resultados urgentes, ya que “la maniobra se puede extender hasta el mismo día de la elección”, especialmente, porque hasta ahora nadie sabe si la campaña continúa.
Según fuentes judiciales, la mayoría de estas multinacionales cobra un centavo de dólar el minuto, y la maniobra habría contado de unas 500 mil llamadas, es decir, más de 500 mil dólares que habrían sido pagados en los Estados Unidos. El detalle es que la mayoría de los call centers de este tipo cobran sus servicios por Internet, y estas plataformas se amparan en la ley estadounidense para negarse a revelar el origen de la persona que contrató el servicio. Para saberlo, Servini debería enviar una serie exhortos que demorarían el proceso. Pero a pesar de las complejidades procesales, hay indicios llamativos, como el twitter de la organización macrista La Solano Lima, de íntimas relaciones con Cristian Ritondo, presidente del bloque macrista, segundo candidato a legislador por el PRO, ex viceministro del Interior de Eduardo Duhalde y amigo del ex jefe de la SIDE Miguel Ángel Toma. El 27 de mayo, esa organización denunció que Ritondo había pedido “explicaciones a Filmus por los negocios de su padre Salomón Filmus, las Madres y Schoklender”. Consultado por este diario, los voceros de Ritondo lo desvincularon de esa organización pero se negaron a recordar que el mismo legislador cuenta con 20 twitteros contratados por la Legislatura. Todos están bajo ordenes de Ritondo. Resta saber qué hará la jueza con tantas pruebas.
Fuente: Tiempo Argentino
