La mecha la encendió la semana pasada el vicegobernador Gabriel Mariotto, que se ha hecho un experto en generar enfrentamientos con el sciolismo. Fue cuando dijo que hasta que él llegó a la presidencia del Senado bonaerense las leyes se acordaban “en oscuras oficinas, con valijas que iban y venían”. No se necesitó traductor: aludía a la compra de votos en la Legislatura y justo lo hacía cuando en la Cámara Baja el oficialismo intentaba reunir el quórum para debatir el ajuste impositivo. Aquella sesión se cayó, en gran parte por el efecto venenoso de los dichos del vice. Y además se instaló un estado de sospecha y malestar en buena parte de la clase política provincial.

En todo el peronismo oficial, claramente dividido hoy entre los ultra kirchneristas y los adherentes a Scioli, imperó una sensación inicial de rechazo no sólo porque las declaraciones de Mariotto impactaron en la tarea legislativa coyuntural que intentaban zurcir (tiene destino de frase célebre aquella sentencia del jefe de bloque K, Juan de Jesús, respecto a que “le empiojaron” la sesión) sino porque además desparramaron un paño de turbiedad sobre sus antecesores.

En este sentido, el enojo del universo justicialista es especialmente notable por cómo quedaría salpicado en el imaginario social por esta “denuncia” el ex vicegobernador Alberto Balestrini, que se recupera muy lentamente de un grave accidente cerebro vascular.

Sin posibilidad de defensa, Balestrini sigue siendo altamente valorado y respetado por dirigentes del justicialismo bonaerense e incluso de otras fuerzas, que aún hoy destacan su perfil dialoguista y su propensión permanente a la búsqueda de consensos.

NOMBRE Y APELLIDO

La frase de Mariotto -que, vale aclarar, nunca se convirtió en denuncia formal- llegó a tener nombre y apellido. Como ya explicó este diario, dos diputados opositores fueron sindicados en el mundillo legislativo como los supuestos destinatarios de una hipotética oferta monetaria para que bajaran al recinto y ayudaran al Frente para la Victoria a reunir el quórum necesario para sesionar. Son Ramiro Gutiérrez (Bloque Proyecto Bonaerense) y Ricardo Lissalde (Bloque Alternativa Peronista). Según las versiones, habrían recibido un llamado de operadores del oficialismo donde les habrían hecho ofrecimientos a cada uno para colaborar con la aprobación del imperioso proyecto de ajuste impositivo, que Scioli necesita como el agua. Ambos legisladores rechazaron esas versiones en forma terminante y negaron haber recibido “ofertas”.

Aquella sospecha, amplificada por las entidades rurales que rechazan el retoque impositivo porque modifica los valores de los campos, incluso le habría valido a ambos legisladores la organización de una suerte de “escrache preventivo” en sus pueblos de origen: Dolores, en el caso de Gutiérrez, y Saladillo en el de Lissalde.

Lo cierto es que ahora toda la oposición vive una suerte de psicosis respecto a cómo pueda leerse su comportamiento en la votación decisiva del paquete impositivo, prevista para mañana. El miedo es, obviamente, que cualquier acuerdo político bien concebido sea sospechado de espurio.

El sciolismo, por su parte, niega cualquier maniobra oscura. Puertas adentro destila furia y maldiciones contra Mariotto, y algunos ministros, en charlas privadas, llegan a endilgarle al Vice una “actitud destituyente”. No sólo por la frase de las valijas sino por las públicas maniobras diferenciadoras de Scioli que viene llevando adelante y por lo que saben que vendrá. Concretamente, una nueva embestida contra el ministro de Seguridad provincial, Ricardo Casal, investigado por una comisión de senadores que escruta el desenvolvimiento policial en el caso Candela. Algunas fuentes aseguran que esa comisión, oxigenada políticamente por Mariotto, citaría al ministro en breve.

EN LA ROSADA

El kirchnerismo de la Rosada tampoco habría reaccionado bien frente a los dichos del Vicegobernador. Además de aquel malestar del diputado De Jesús, legislador ligado a Amado Boudou que vio esmerilada su capacidad de conducción en el bloque por los sucesivos fracasos para cerrar los acuerdos, Mariotto también habría recibido una reprimenda u observación presidencial que lo habría obligado a guardar silencio sobre este tema. De hecho, nunca más se le escuchó una palabra al respecto y acaba de pasar una semana de baja exposición.

Es que la sospecha de sobornos para aprobar leyes es una caja de Pandora temible para prácticamente toda la clase política argentina desde el año 2000, hace más de una década, cuando explotó el affaire de la compra de votos para aprobar una flexibilización laboral durante el gobierno de la Alianza UCR-Frepaso.

Aquella vez todo comenzó como un rumor y se agigantó de tal manera que desembocó en la renuncia del entonces vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Carlos “Chacho” Alvarez, y ocasionó el procesamiento de varios legisladores. Fue, si se quiere, el comienzo del fin del gobierno del presidente Fernando De la Rúa, quien quedó sumamente debilitado luego de la partida de su vice.

Por MARIANO PÉREZ DE EULATE