Argentina tiene un gran déficit habitacional. Actualmente supera los 3,8 millones de viviendas según el Censo Nacional de Población de 2009.
Mientras continua destapándose el affaire los “Sueños Compartidos” de las Madres de Plaza de Mayo – Sergio Schoklender se dieron a conocer datos dramáticos de las ciudades de Rosario y de Buenos Aires.
La Dirección de Vivienda de la Provincia de Santa Fe en la ciudad de Rosario, lanzó un operativo para acceder al sorteo de las primeras 500 unidades que se están terminando de levantar en la llamada zona cero, un predio de 167 hectáreas ubicado en la zona noroeste de la ciudad, casi sobre el límite con Ibarlucea.
Se anotaron más de 12.000 familias.
La convocatoria se desarrolló en dos etapas. La primera, de actualización de datos. Abarcó a las personas que ya estaban anotadas en los padrones de la repartición y después se anotaron a aquellos que nunca habían realizado el trámite.
Al primer llamado respondieron unas 5.500 personas, mientras que al segundo lo hicieron otras 6.500.
Pero, y lo más grave es que Rosario tiene unas 50.000 familias con problemas habitacionales y las que se anotaron debían tener ingresos cercanos a los 2.300 pesos aunque no era excluyente.
Por otra parte, en Buenos Aires se oficializó el primer censo de la villa, realizado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que determinó que viven 27.960 personas, 10.354 familias –que son las que conformarán un futuro padrón de adjudicatarios– y que hay 6.198 viviendas.
El censo reveló que más del 26% de las familias alquila y la mayoría de la población es de nacionalidad argentina.
También se conoció el anteproyecto urbanístico para la regularización de las villas 31 y 31 bis que busca dotarlas de calles, espacios públicos y viviendas encarado por funcionarios de diferentes áreas de los gobiernos de Ciudad y Nación.
Y en el Chaco… las viviendas dónde están? Y en Buenos Aires? Muchos interrogantes para quienes no sólo no tendrán “ Sueños Compartidos”, ni siquiera sueños, tal vez, pesadillas.
Por Sofía Wachler.
Fuente: astericos.tv
Tal como afirma el propio informe de la Auditoria interna del FONAVI, los barrios construidos por el Gobierno no cumplen los mínimos Estándares de Vivienda Social. Con respecto al diseño urbano, no consideran factores de orientación y asoleamiento, usando tipologías repetitivas sin identidad, además de no tener en cuenta el equipamiento de salud y educación, provisión de alimentos, sin espacios verdes y desconectados del medios de transporte. Con respecto lo constructivo, mas del 30% de las viviendas tienen defectos de aislación térmica, carpinterías defectuosas, fallas de sanitarios, estructuras y cerramientos fisurados.
Desde el 2003 el Estado construyó un promedio anual de 40.000 viviendas nuevas, prácticamente la misma proporción que con Menem, cuando el déficit aumenta en 120.000 por año.
Este “plan” de viviendas defectuosas tiene un presupuesto en 2011 de tan solo $3.000 millones, mientras que se destinan $67.000 millones en subsidios a las ganancias Empresaria y $30.000 millones en pagar intereses de la Deuda Externa.
Durante el último “Boom de la construcción”, la competencia y especulación capitalista elevo un 300% el precio de la vivienda, estando hoy por los en U$S 1.900/m2, haciendo cada ves más inaccesible la vivienda para la mayoría de los trabajadores.
El problema de la vivienda nunca se trató un problema de falta de construcción, sino de distribución . En Capital Federal hay más de 120.000 viviendas vacías, y en Argentina 2.000.000 (indec.gov.ar) y mientras existan capitalistas, ellos concentraran estas viviendas “como ahorro en ladrillos” para tenerlas vacías. Ningún Estado capitalista podrá solucionar el problema de la vivienda ya que eso perjudicaría a los “inversores privados” como Holdings, Brokers Inmobiliarios, y el capital financiero internacional.
La solución definitiva solo puede ser impulsada por un Gobierno de Trabajadores que nacionalice las grandes industrias de materiales y cree constructoras estatales autogestionadas por su trabajadores y habitantes, realice una reforma urbana que pase a manos publicas la propiedad de la tierra, junto a consejos urbanos donde arquitectos, urbanistas y el todo el pueblo trabajador discuta democráticamente el tipo de ciudad donde queremos vivir.